Bajo el argumento de que "la vieja Pdvsa permitió el arbitraje internacional y entregó la soberanía nacional", el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, pidió acciones penales contra los funcionarios que impulsaron la apertura petrolera.Durante su comparecencia en la sede principal de la Asamblea Nacional, Ramírez sostuvo que fueron las negociaciones que realizó la antigua administración de Pdvsa las que ocasionaron las actuales agresiones que emprende la Exxon Mobil contra la principal industria petrolera del país.
Indicó Ramírez que con la llamada apertura petrolera "se desmontó el marco legal jurídico vigente que estaba consagrado y la vieja Pdvsa, bajo la figura de asociaciones estratégicas, desmoronó el régimen fiscal".
Añadió que las negociaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco fueron la máxima expresión de esta tendencia, pues "vulneraban la soberanía nacional, maximizaban las ganancias de las empresas transnacionales a costa del Estado y se irrespetaban los términos de los contratos en cuanto a áreas de explotación y producción de crudo".
"El pago de la regalía llegó a su nivel más bajo, del 1 %. Las empresas multinacionales evadieron el pago de impuestos y los proyectos no se correspondían con los planes de desarrollo nacional", aseveró.
Aseguró Ramírez que todo este tipo de medidas empleadas por la vieja Pdvsa, fueron las que impulsaron al Gobierno revolucionario a recuperar su soberanía energética y a realizar el proceso de nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco para garantizar el manejo de los recursos energéticos de la nación y asegurar la soberanía nacional.
Envíos de crudos a Exxon ya fueron redireccionados
Ramírez aseguró que los últimos cargamentos que iban destinados a la Exxon, unos 40.000 barriles diarios, ya han sido colocados en el mercado, aunque no especificó dónde. "El petróleo es un bien escaso y por eso el precio está donde está", explicó. "Nosotros ya rompimos la relación comercial con Exxon, pero nosotros aún tenemos acuerdos con ellos. Mientras esos acuerdos estén suscritos los cumpliremos, pero claro que no los renovaremos", añadió.
Ramírez dijo también que Pdvsa está dispuesta a cumplir con la indemnización a Exxon pero solo por el orden de 750 millones de dólares, que es el valor de las inversiones que aparecen registradas en los libros, aunque la petrolera norteamericana exige 5 millardos de dólares.
Denunció también que la Exxon estaría haciendo lobby en distintos bancos internacionales para que se congelaran las cuentas de Pdvsa, y los bancos no le habría hecho caso. "Todas las asesoras de riesgo, como Schlumberger (...) saben de la estabilidad de nuestra empresa. (...) Exxon quedará aislada por el atropello contra nuestro país", sentenció.
El ministro subrayó que otras empresas petroleras, al contrario de la Exxon Mobil, no pusieron objeciones a las condiciones de la nacionalización que impuso el gobierno venezolano para la explotación de los campos petroleros que anteriormente habían sido entregados con los convenios de la apertura petrolera.
"El mismo escritorio que introduce el recurso contra nosotros tiene un trabajo que dice que es un exceso y no puede ser aplicado a empresas del Estado", dijo Ramírez a los periodistas. "Las empresas trasnacionales tienen soberanía y no pueden expropiarse las propiedades del Estado".
Repudió uno de los affidavits por los que se inició el caso, firmado por un abogado de nombre Luis Ortiz, que se basaría en el hecho de que Pdvsa no era una empresa estatal y que, por consiguiente, podría ser embargada, lo que sería falso pues Pdvsa tiene rango constitucional.
Consideró que la decisión de la jueza Deborah Batts, de Nueva York, de mantener el congelamiento de la cuenta de Cerro Negro en Estados Unidos, forma parte de la escalada de terrorismo judicial emprendida por Exxon para hostigar al país.
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