El abogado de Eduardo Lapi, Alejandro Arzola, confirmó que el ex gobernador de Yaracuy se encuentra en Lima y mostró satisfacción por el asilo político que el gobierno peruano le concedió hoy.
Lima le otorgó el estatus de perseguido político. Las razones que favorecieron esta decisión fueron las dificultades del acusado para tener un debido proceso, el derecho a la defensa y ser juzgado en libertad. Desde hace seis meses, el Estado venezolano tenía conocimiento de las negociaciones para conseguir este estatus.
"Esta medida reivindica los derechos constitucionales de nuestro defendido, derechos que en nuestro país fueron violados. Al fin se encontró la justicia que fue negada en Venezuela. Fue un proceso largo, se realizaron muchas audiencias a las que asistió el propio Lapi", dijo Arzola.
Explicó que Eduardo Lapi solicitó asilo a las autoridades peruanas hace seis meses, luego de que se fugó de la cárcel de San Felipe, en la que estuvo recluido durante 10 meses. "Los tratados internacionales como el de San José se ajustan a las normas elementales y reivindican los derechos de ser juzgado en libertad, al debido proceso, a la defensa y a la justicia oportuna. Lapi agradece altamente al Gobierno de Perú por esta decisión. Me dijo que está contento y que espera volver a reunirse con su familia", afirmó el abogado.
Arzola, quien es dirigente del partido Convergencia en Yaracuy, dijo que esta organización política trabaja para que Lapi sea candidato a la gobernación de la entidad en los próximos comicios, y que para tal fin esperan la amnistía presidencial.
"Es una voluntad de muchos yaracuyanos que sienten como una necesidad el regreso de Lapi a su estado. Solicitamos que se atienda el llamado del pueblo y se le incluya en la lista presidencial de los presos políticos indultados", agregó el ex diputado a la Asamblea Nacional.
El ex gobernador de Yaracuy se evadió del penal de San Felipe en abril de 2007. Durante el tiempo que estuvo en prisión no se realizó la audiencia preliminar. Arzola explicó que el juicio que se le sigue al ex mandatario está paralizado porque Lapi está ausente del país, pero que puede reiniciarse el proceso judicial que empezó hace casi dos años. En mayo de 2006, el gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, acusó en la Fiscalía a Eduardo Lapi de los delitos de malversación de 13 millardos de bolívares en la construcción de La trinchera de Yaritagua, tráfico de influencias, evasión de procedimientos licitatorios y concierto de contratistas. En el tribunal segundo de control de San Felipe, el ex mandatario fue imputado por la Fiscalía luego de su detención ocurrida ese mes.
En 2005, Lapi fue acusado por el actual gobernador de la entidad, Carlos Jiménez, de supuestos hechos de corrupción en la construcción de una autopista, que llevaba por nombre Rafael Caldera. También en ese momento expresó que el dirigente del partido Convergencia había participado en el asesinato de 68 personas por parte de grupos de exterminio entre los años 2000 y 2004.
En 2006, fue detenido y recluido en el Internado Judicial de San Felipe. Entretanto, sus familiares y defensores legales reclamaban que fuera juzgado en libertad. También protestaron por las condiciones en que se encontraba recluido el político, pues estaba confinado a un cuarto de electricidad, junto a otras dos personas. Posteriormente, lo llevaron a una celda de seis metros cuadrados.
La fuga, producida en la madrugada de ese primer día de abril, generó la detención de 58 personas, entre civiles y guardias nacionales, acusados de cómplices. La controversia sobrevino rápidamente, no sólo por la huída del político, sino por el juicio que se le iniciaba a los supuestos coautores.
El caso lo tomó la jueza Alcy Viñales, quien dictó la medida de régimen de presentación, lo que no fue de agrado del ministro de Interior y Justicia de la época, Pedro Carreño. Éste incluso acusó a la jurista de recibir dinero para redactar esta resolución. Esto produjo que la magistrada Luisa Estella Morales, presidenta de la Comisión Judicial del TSJ, destituyera a Viñales. En su lugar, la suplió Alicia Olivares, que revocó de inmediato la medida de su colega.
Lima le otorgó el estatus de perseguido político. Las razones que favorecieron esta decisión fueron las dificultades del acusado para tener un debido proceso, el derecho a la defensa y ser juzgado en libertad. Desde hace seis meses, el Estado venezolano tenía conocimiento de las negociaciones para conseguir este estatus.
"Esta medida reivindica los derechos constitucionales de nuestro defendido, derechos que en nuestro país fueron violados. Al fin se encontró la justicia que fue negada en Venezuela. Fue un proceso largo, se realizaron muchas audiencias a las que asistió el propio Lapi", dijo Arzola.
Explicó que Eduardo Lapi solicitó asilo a las autoridades peruanas hace seis meses, luego de que se fugó de la cárcel de San Felipe, en la que estuvo recluido durante 10 meses. "Los tratados internacionales como el de San José se ajustan a las normas elementales y reivindican los derechos de ser juzgado en libertad, al debido proceso, a la defensa y a la justicia oportuna. Lapi agradece altamente al Gobierno de Perú por esta decisión. Me dijo que está contento y que espera volver a reunirse con su familia", afirmó el abogado.
Arzola, quien es dirigente del partido Convergencia en Yaracuy, dijo que esta organización política trabaja para que Lapi sea candidato a la gobernación de la entidad en los próximos comicios, y que para tal fin esperan la amnistía presidencial.
"Es una voluntad de muchos yaracuyanos que sienten como una necesidad el regreso de Lapi a su estado. Solicitamos que se atienda el llamado del pueblo y se le incluya en la lista presidencial de los presos políticos indultados", agregó el ex diputado a la Asamblea Nacional.
El ex gobernador de Yaracuy se evadió del penal de San Felipe en abril de 2007. Durante el tiempo que estuvo en prisión no se realizó la audiencia preliminar. Arzola explicó que el juicio que se le sigue al ex mandatario está paralizado porque Lapi está ausente del país, pero que puede reiniciarse el proceso judicial que empezó hace casi dos años. En mayo de 2006, el gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, acusó en la Fiscalía a Eduardo Lapi de los delitos de malversación de 13 millardos de bolívares en la construcción de La trinchera de Yaritagua, tráfico de influencias, evasión de procedimientos licitatorios y concierto de contratistas. En el tribunal segundo de control de San Felipe, el ex mandatario fue imputado por la Fiscalía luego de su detención ocurrida ese mes.
En 2005, Lapi fue acusado por el actual gobernador de la entidad, Carlos Jiménez, de supuestos hechos de corrupción en la construcción de una autopista, que llevaba por nombre Rafael Caldera. También en ese momento expresó que el dirigente del partido Convergencia había participado en el asesinato de 68 personas por parte de grupos de exterminio entre los años 2000 y 2004.
En 2006, fue detenido y recluido en el Internado Judicial de San Felipe. Entretanto, sus familiares y defensores legales reclamaban que fuera juzgado en libertad. También protestaron por las condiciones en que se encontraba recluido el político, pues estaba confinado a un cuarto de electricidad, junto a otras dos personas. Posteriormente, lo llevaron a una celda de seis metros cuadrados.
La fuga, producida en la madrugada de ese primer día de abril, generó la detención de 58 personas, entre civiles y guardias nacionales, acusados de cómplices. La controversia sobrevino rápidamente, no sólo por la huída del político, sino por el juicio que se le iniciaba a los supuestos coautores.
El caso lo tomó la jueza Alcy Viñales, quien dictó la medida de régimen de presentación, lo que no fue de agrado del ministro de Interior y Justicia de la época, Pedro Carreño. Éste incluso acusó a la jurista de recibir dinero para redactar esta resolución. Esto produjo que la magistrada Luisa Estella Morales, presidenta de la Comisión Judicial del TSJ, destituyera a Viñales. En su lugar, la suplió Alicia Olivares, que revocó de inmediato la medida de su colega.
