La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió en Caracas "condenar" las "constantes amenazas y atropellos" del Gobierno de Venezuela contra los medios "independientes" y el uso "discrecional" de mecanismos legales para supuestamente obstruir el ejercicio de la libre prensa.En la conclusión de su reunión de medio año, que comenzó el viernes pasado en Caracas, el gremio de editores y dueños de medios expresó su repudio al "mantenimiento del cierre" de RCTV y la "confiscación de sus equipos" de transmisión.
También denunció las "ofensas, amenazas y procesos administrativos" contra el canal Globovisión, uno de los más críticos de la gestión del presidente, Hugo Chávez, quien considera a esa cadena como uno de los "líderes de la oposición golpista" en Venezuela.
El jefe de Estado aseguró recientemente que no cerrará "esa cloaca", en referencia a Globovisión, después de que en 2007 lanzó recurrentes amenazas contra esa cadena de noticias.
RCTV dejó de emitir en señal abierta el pasado 27 de mayo debido a que el Gobierno de Chávez no le renovó la concesión -que la cadena operaba desde hacía 53 años- alegando el carácter "golpista" de esa televisión.
La planta transmite actualmente por sistemas de cable y satélite bajo el nombre de RCTV Internacional, y mantienen una batalla legal para recuperar sus equipos de transmisión que, con la autorización del Tribunal Supremo, utiliza la nueva televisión pública TVes.
"La reunión de medio año de la SIP resuelve condenar las violaciones por parte del Gobierno de Chávez a los derechos humanos de los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, y las constantes amenazas intimidantes y atropellos contra la prensa, la radio y la televisión independientes", indicó el organismo en un documento oficial.
La SIP resolvió "denunciar" que el Gobierno utiliza de forma "discrecional" el control de cambios" vigentes desde febrero de 2003, y que mediante ese mecanismo "limita la oportuna" asignación de divisas "para la importación de papel" periódico "y demás insumos" necesarios "para el normal funcionamiento y ejercicio de la libertad de expresión".
"La administración de Chávez también desarrolla una política de "concentración" de medios de comunicación, "creados y mantenidos con dineros públicos, con fines de adoctrinamiento, control social, político y de opinión".
La SIP denunció que Chávez "desconoce la voluntad del pueblo venezolano expresada el 2 de diciembre de 2007" en el referéndum popular que rechazó su propuesta de cambio constitucional, que incluía la reelección presidencial ilimitada, un nuevo ordenamiento territorial y la creación del Poder Popular, entre otros.
El gremio de editores y dueños de medios argumentó que el jefe del Estado "pretende imponer ahora legislando por decreto" las "normas restrictivas de los derechos ciudadanos, de la libertad de expresión e información" que ya fueron rechazadas en la consulta popular de diciembre pasado.
El Gobierno de Chávez repudia a la SIP y la califica de un organismo privado que solo defiende los intereses económicos y políticos de los miembros, sin importarle la suerte de los periodistas, a quienes "explota", y de la prensa "veraz y oportuna".
De forma paralela a la reunión de la SIP, el Gobierno venezolano organizó un "Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático", con la participación de periodistas de 14 países según datos oficiales.
Marcel Granier denuncia eliminación de pauta oficial en medios independientes
Marcel Granier, director de RCTV Internacional, cuestionó la política del gobierno venezolano en materia de libertad de expresión.
Al respecto, considera que el Ejecutivo presiona a quienes no apoyan sus políticas, una de esas maneras de presión es eliminar la pauta de publicidad oficial en los medios de comunicación independientes.
Entretanto, aseguró que la administración de Hugo Chávez premia a quienes no se comportan de forma crítica. "Otros medios, a través de una política denominada de rectificación, que optan por no tener nada que ver en política ni defender la democracia están recibiendo favores del Estado por un monto de 100 millones de bolívares", expresó.
El pasado sábado, el director del Correo de Caroní, David Natera, denunció los atropellos y acosos contra los medios de comunicación y sus trabajadores por parte del gobierno de Chávez, durante la presentación del informe sobre la libertad de expresión en Venezuela.
"Especialistas en temas de comunicación afirmaron en febrero que el apoderamiento de los medios de comunicación del Estado por parte del gobierno, la reducción del pluralismo de ideas son algunas de las características que en materia comunicacional ha emprendido el gobierno en los primero nueve años del gobierno de Hugo Chávez", dijo el representante del gremio periodístico venezolano.
Natera enumeró una serie de acciones en las cuales trabajadores de los medios de comunicación social han sido víctimas de hostigamientos y agresiones tanto físicas como verbales en el cumplimiento se su deber como reporteros.
Destacó el cierre de Radio Caracas Televisión y las amenazas contra Globovisión. "El próximo 27 de mayo se cumpliría un año del cierre de Radio Caracas Televisión también fueron secuestrados sus equipos de transmisión por parte del gobierno, una amenaza presidencial fundamentalmente basada en razones políticas y lanzada cinco meses antes anunció el cierre de esta canal el más antiguo y penetración nacional, hecho que repudió la mayoría del país".
"Continúan las acciones y decisiones judiciales, procesos administrativos, sancionatorios adelantados por el régimen contra periodistas así como contra el canal de noticias Globovisión", agregó.
Señaló medidas de tipo económico por parte de sectores gubernamentales contra el buen desarrollo de los medios de comunicación. "Las fallas en el otorgamiento oportuno de divisas que por ley le corresponden a las importaciones de papel periódico se ha constituido en un problema reiterado para la prensa lo que pone en peligro la circulación de los diarios".
"El gobierno de Chávez niega a los medios no subordinados a su hegemonía el derecho al acceso a la información pública e impide a los periodistas independientes el trabajo de fuentes controladas por el Estado, el régimen utiliza como sanción a medios dignos la censura en la publicidad oficial pero se financia con dispendio a los medios incondicionales para fortalecer lo que llaman el aparato comunicacional del proceso revolucionario", agregó.
El informe sobre Venezuela destacá que el propósito oficial es hacer "desaparecer los medios de comunicacióin independientes, agredir e intimidar a los periodistas y eliminar la libertad de expresión e información".
"La subordinación de todos los poderes del Estado a la voluntad del presidente ha permitido interpretaciones constitucionales para restringir la libertad de expresión y para desconocer la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos", indicó el reporte.
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