%2520copia.jpg)
El desbordamiento de la inflación y los altos niveles de escasez registrados en las redes de distribución de productos básicos ha obligado al Gobierno a replantearse el esquema de regulaciones de precios en el cual confía desde febrero de 2003.Versiones extraoficiales señalan que el nuevo gabinete económico estudia toda la lista de productos regulados -que llega a casi 500 artículos- para determinar una reducción en la cantidad de rubros bajo control, así como una agudización y extensión de la regulación en la cadena productiva de los artículos que permanezcan con controles de precios.
Con esto el Gobierno aspira a que dicho control pueda volverse eficiente y manejable por el Estado, y no generador de niveles de escasez que alcanzan 60% en algunos alimentos, y hasta 90% en el caso de la leche.
El ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, afirmó a finales de 2007 que la lista de productos regulados debía reducirse de más de 400 rubros, pues "es demasiado para el Estado. Está sobrecargada la lista y por estrategia no se debería pasar de 20 rubros relacionados con la dieta diaria".
Uno de los escenarios que maneja el Ejecutivo nacional es que la lista de rubros regulados incluya hasta 40 o 50 productos.Distorsiones imperantes
Las autoridades del Ejecutivo consideran que extender las regulaciones y controles a los insumos de una determinada cadena corregirá las distorsiones presentes entre los costos de producción y los precios finales.
Fuentes ligadas al Gobierno aseguran que la figura del control es viable sólo cuando los insumos requeridos para elaborar los productos regulados (envases, etiquetas, otros alimentos, o servicios básicos) no tienen una alta volatilidad en cuanto a suministros o precios.
Al respecto, el propio Cabezas manifestó hace tres semanas que "no se puede obligar a nadie a que produzca un bien cuyo costo de producción es de BsF 2 y después regularlo para que lo venda a BsF 1,4, porque tiene dos caminos: disminuye la producción o vende cualquier otra cosa. Ese impacto está ahí y negarlo sería un absurdo".
Sin embargo, el Gobierno ya tiene un ensayo fallido con la fórmula de profundizar el control sobre toda la cadena.
Hace 10 meses se fijó una lista de precios para toda la cadena de producción y venta de carne. El Ejecutivo decidió que el valor del kilo de ganado en pie debía ser BsF 3,99; el valor del kilo de carne en canal se fijó en BsF 7,98; y el kilo de carne para el consumidor quedó con varios precios: BsF 11,72 la carne de primera, BsF 9,40 la carne de segunda y BsF 6,21 la de tercera.
El resultado fue una amplia crisis de abastecimiento, pues los comerciantes alegaban que el kilo de carne en canal les llegaba desde los mataderos a precios por encima de BsF 9,20 (15% de sobreprecio) a lo que había que sumar costos de materiales.
El consumidor final terminó pagando hasta BsF 19 por el kilo de carne regulada.Desabastecimiento "virtual"
El esquema de control de precios se ha mantenido en una economía que incentiva el consumo y que tiene un aparato productivo deprimido e insuficiente para atender la demanda, por la poca rentabilidad de los productos regulados y las amenazas a la empresa privada.
El reflejo del agotamiento del control es precisamente la inflación, que fue calculada por el Banco Central en 22,5% para 2007, con 31,2% de incremento en los alimentos.
La mezcla del control con poca producción ha resultado en una escasez promedio de 25% durante 2007, según Datanálisis.
No obstante, para el Ejecutivo nacional los problemas de suministro son virtuales. Samuel Ruh, presidente del Indecu, afirmó que después de reunirse con el ministro de Industrias Ligeras, William Contreras, y hacer un análisis, concluyeron que "no existe de verdad ningún tipo de desabastecimiento".
Considera que la falta de productos como leche, azúcar, harina de trigo, pollo, huevos o carne responde a que "en diciembre los venezolanos caen en hiperconsumo". Aseguró que la inflación de precios es por una conducta "delictual" de los comerciantes.
Tomado de www.eud.com
